Recurso Exencion Mascarillas

Recurso Exencion Mascarillas

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A la atención de la __________________, como responsable máximo y directora del centro educativo _____________, en la ciudad de ________________ y con dirección en _______________, y a su responsable COVID-19 jefe de estudios del mismo centro educativo Sra. _____________________. Yo, _____________________, como padre de _____________________, que cursará este año el segundo curso de primaria, declaro responsablemente:

A. Que mi hija está EXENTA POR LEY del uso de mascarilla.
B. Que, aunque ninguna ley me exige dar más explicaciones, de buena fe y por el bien del niño, quiero dejar constancia mediante este escrito de cuáles son los motivos:

  1. La exención del uso de mascarilla de mi hija está amparada entre otras leyes, por los artículos 6.1 y 6.2 del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, modificado en 8 de julio. El artículo 1.2 del real decreto 24 de julio de 1889 por el que se publica el código civil reza: “Las disposiciones que contradicen otras de rango superior, carecen de validez”. El propio principio de legalidad postula una jerarquización de las normas jurídicas y así lo declaró la Sentencia del Tribunal Constitucional 51/1983, de 14 de junio. El principio de jerarquía normativa establece que, mientras el RDL 21/2020 no sea derogado, prevalecerá sobre acuerdos, órdenes o disposiciones de las comunidades, ya que es la norma jurídica de mayor rango, y en caso de contradicción entre normas jurídicas, se aplica siempre la de mayor rango. El principio de jerarquía normativa establece la superioridad de la ley y las normas con rango de ley sobre las normas administrativas. Es fácil de entender, si no existiese jerarquía, cualquier alcalde de cualquier ciudad o pueblo podría convertirse en un “mini dictador que hiciese de sus habitantes lo que le viniera en gana”.
  2. Leído el punto anterior, queda claro que, si algún artículo de los acuerdos, órdenes o disposiciones de las comunidades autónomas, contradice el artículo 6.1 del RDL 21/2020, queda NULO de pleno derecho. Según el citado artículo 6.1 del RDL 21/2020, mientras SEA POSIBLE GARANTIZAR la distancia de seguridad de 1.5 metros, NADIE está obligado al USO de mascarilla. Revisando las medidas y distancias del centro, vemos que SIEMPRE ES POSIBLE GARANTIZAR esa distancia. Con una mínima voluntad, y sin hacer esfuerzos, ES SIEMPRE POSIBLE. Por tanto, en su centro de educación, cualquier persona sea mayor o menor de 6 años, estará exenta del uso de mascarilla en TODO MOMENTO.
  3. INDEPENDIENTEMENTE de si es posible o no garantizar la distancia de seguridad, mi hija está EXENTA del uso de mascarilla debido a uno o varios de los SUPUESTOS descritos en el artículo 6.2 del citado RDL 21/2020. Como padre responsable, ni puedo, ni debo revelar a nadie cuál o cuáles son estos SUPUESTOS. Debido a la naturaleza de algunos de estos SUPUESTOS, al revelar cuáles son, podría estar atentando contra varios de los derechos fundamentales de mi hija, recogidos en la constitución española. Como son el derecho a la DIGNIDAD, a la INTIMIDAD, al HONOR, a NO SER DISCRIMINADO, a INTEGRIDAD MORAL y a no recibir un TRATO DEGRADANTE (artículos 10, 18.1, 14.1, 15), además de que revelar dicha información, podría estar vulnerando la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos).
    En el artículo 6.2 del RDL 21/2020 no se establece que la persona exenta del uso de mascarilla, tenga obligación de revelar los motivos a otra persona, sólo describe porqué motivo se está EXENTO o no se está EXENTO. Por tanto, la LEY no obliga a especificar cuáles son los SUPUESTOS de la exención de esa persona al uso de mascarilla, ni obliga a especificar por cuántos SUPUESTOS se está exento, ni obliga a entregar ni mostrar a nadie ningún tipo de certificado al respecto. Es decir, legalmente nadie (autoridad o no) puede exigirme que explique por qué motivo mi hija está exenta del uso de mascarilla, ni si quiera podrá preguntarme si está exenta por uno o más motivos. Además, mi deber como padre, es salvaguardar esta información para proteger a mi hija.
  4. C. Que no consiento, no permito, que a mi hija se le haga ningún tipo de registro de ninguna manera, ni cacheos o tocamientos de ningún tipo, ni ponerle palos por la nariz, aunque sea “con fines médicos”.
  5. D. Que no consiento, no permito, que a mi hija se le someta a ninguna clase de prueba o test médico, ni se le aparte del resto del grupo por motivos de salud (aunque tenga tos o esté resfriada como ya lo ha estado otros años). De ser así, se estaría DISCRIMINANDO a mi hija, vulnerando el artículo 14.1 de la constitución, y podría causar daños psicológicos irreversibles, dañando para siempre su desarrollo psíquico y social, causando daños emocionales y sociales irreparables. Incluso el hecho de apartarlo del grupo podría considerarse un DELITO DE ODIO.

E. Solicito y doy permiso, para que ustedes como responsables del centro, hagan conocedores de este documento a todos los educadores de su centro. Ya que no consiento, no permito, que NINGÚN educador del centro le llame la atención a mi hija al respecto de no estar usando la mascarilla. A algo así podría causarle daños como los ya descritos en el punto D.

F. No consiento, no permito, que a mi hija se le someta a torturas psicológicas y físicas. Soy consciente que quizá algunos de sus compañeros estarán obligados al uso de mascarilla, pero si cualquier persona, educador o no, recriminara o tratara de obligar a mi hija por estar EXENTA del uso de mascarilla, estaría DISCRIMINÁNDOLA, y, por tanto, estaría violando el artículo 14.1 de la constitución, el artículo 15, y además estaría posiblemente cometiendo un delito de ODIO. De detectar esta actitud de cualquier persona hacia mi hija por no usar mascarilla, la dirección del centro tiene el deber de informarme inmediatamente. Les recuerdo que un centro educativo no es la CÁRCEL de GUANTÁNAMO, y que en ese lugar se impuso el uso mascarilla y el distanciamiento social como medidas de TORTURA PSICOLÓGICA para los PRESOS. Para abrir Guantánamo, reunieron los mayores expertos en psicología del mundo, y éstos explicaron que la mayor tortura para un ser humano es ponerle una mascarilla y el distanciamiento social. Pueden tratar de educar con eso a los que traten de imponer sus ideas sobre el uso de la mascarilla.

G. Que ustedes reciban órdenes ilegales de quien sea, no significa que tengan que acatarlas. De hacerlo, los responsables últimos son ustedes, y contra ustedes es contra los únicos que podré tomar medidas. Recuerden que en los Juicios de Núremberg los condenados sólo cumplían órdenes, y que el artículo 172 del código penal, establece que “el que compeliere a otro a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, y que cuando la coacción ejercida tuviera como objeto IMPEDIR EL EJERCICIO DE UN DERECHO FUNDAMENTAL, se le impondrán las penas en su mitad superior” (es decir, que mínimo 15 meses de prisión para arriba y mínimo 18 meses de multa para arriba).”

H. Cualquier persona que trate de obligar a mi hija a ponerse mascarilla, le llame la atención por no llevarla, o simplemente trate de averiguar por qué no la lleva, estará cometiendo un DELITO tal y como se describe en el citado artículo 172 del código penal, ya que esa persona estará vulnerando los DERECHOS FUNDAMENTALES de mi hija, recogidos en la constitución española:
Estará atentando contra su DIGNIDAD y vulnerando varios de los artículos de la declaración universal de derechos humanos (artículo 10).

Se le estará DISCRIMINADO por su circunstancia personal de no poder usar mascarilla (artículo 14.1).
Estará vulnerando su derecho a la integridad moral, ya que, al estar siendo DISCRIMINADO por su condición o circunstancia personal, se sentirá humillado, y por tanto estará siendo sometido a un TRATO DEGRADANTE (artículo 15).

I. No me temblará el pulso, y tomaré medidas legales contra cualquier persona que vulnere de alguna forma los derechos de mi hija. Ustedes como responsables del centro, tienen el deber de velar por los derechos de mi hija mientras esté en su centro educativo, y la obligación de comunicarme cualquier problema que detecte. Estas son las penas en caso de incumplimiento de algunas leyes al respecto de todo lo expuesto:

Artículo 173. (Artículo primero, Ocho, Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre) 1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Artículo 404. (doscientos seis, Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo); «A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.».

Artículo 607. (Artículo Doscientos cincuenta y seis, Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo); 607.1.3. Con la pena de prisión de ocho a quince años, si sometieran al grupo o a cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, o cuando les produjeran algunas de las lesiones previstas en el artículo 150. 607.1.5. Con la de prisión de cuatro a ocho años, si produjeran cualquier otra lesión distinta de las señaladas en los numerales 2.º y 3.º de este apartado. 607.2. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente. 607 (bis) COMPLETO, delitos de lesa humanidad (Se añade por el art. Único 160 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, y se modifica por el Artículo Doscientos cincuenta y siete, de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo).

J. A modo de información, explicar que, aparte de lo ya mencionado, a mi hija le amparan las siguientes leyes, códigos y tratados internacionales:
– DERECHOS HUMANOS; Artículos 1, 3 y 5.
– DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS; Artículos 3, 4, 5, 6, 10, 11 y 16.
– PRINCIPIOS DE SIRACUSA; Cláusulas 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 27.
– CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA; Artículos 9.3, 10.1, 10.2, 14, 15, 18.1, 18.4, 24.1 y 139.
– CÓDIGO PENAL; Artículos 150, 172.1, 173.1, 404, 607.1.1, 607.1.3, 607.1.5, 607.2 y 607 (bis).
– Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, y que entró en vigor en 2 de septiembre de 1990.
– Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984, y que entró en vigor en 26 de junio de 1987.
– Cumplimiento de la orden judicial provisional, bloqueo: RD 20200611-GdM-001-1 > [DE-10557] BP-“Brote” APLICACIÓN 20200610 del Presidente Federal del Tribunal de Justicia del Pueblo, tribunal permanente de derecho internacional humanitario.

En, __________________ a 13 de septiembre de 2020.

Fdo. ____________________________________
Sin perjuicio según UCC 1-308

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